El legislador Arturo Escobar
y Vega del Partido Verde, urgió a adecuar la legislación para evitar y sancionar
desastres naturales como la contaminación del río Sonora, por parte de la
minera Buena Vista del Cobre, del Grupo México.
Notimex
La Ley de Responsabilidad
Ambiental sufrirá algunas modificaciones que se presentarán en el próximo
periodo de sesiones, aseguró al calificar el derrame de 40 mil metros cúbicos
de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, como el desastre ambiental
más grave en la historia del sector minero en México.
Consideró que la sanción de
40 millones de pesos es ridícula frente a la contaminación que ocasionó dicha
empresa.
“La multa no es suficiente,
es decir, si será suficiente de conformidad al marco legal de esta misma ley,
pero en el tema del deterioro las pérdidas son multimillonarias y eso tiene que
ajustarse, porque para resarcir el daño ambiental, estamos hablando
posiblemente de cientos de millones de pesos”.
El coordinador del Partido
Verde en la Cámara de Diputados, indicó que hasta el momento el informe técnico
señala que los elementos contaminantes detectados son cobre, arsénico,
aluminio, cadmio, cromo, así como fierro, manganeso y plomo.
Por ello, dijo en
entrevista, “es urgente adecuar la legislación para evitar desastres
ambientales que representen pérdidas humanas y materiales y mantener a México a
la vanguardia, frente al sistema internacional de leyes de responsabilidad por
daño ecológico”.
La Ley de Responsabilidad
Ambiental permite a los Estados desarrollar nuevas estrategias para responsabilizar
y sancionar a quien contamine, sin embargo, las reformas proponen incrementar
las sanciones económicas principalmente para instituciones como Petróleos
Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Con la nueva Reforma
Petrolera se abrirá el mercado a otras empresas que entrarán en el sector
hidrocarburos, de tal forma que necesitamos prevenir y robustecer la
normatividad para evitar situaciones como la que padecen las familias que viven
cerca de los ríos Bacanuchi y Sonora”.
Asimismo, añadió, certificar
que las instalaciones cumplan con las normas ecológicas y evitar que contaminen
la flora y fauna donde se ubicarán, pues el objetivo de las reformas será
establecer nuevas medidas de justicia ambiental, que permitirán que aquellos que
están interesados en atender los temas ambientales.
De igual manera, fortalecer
la acción corporativa a favor del medio ambiente, tengan la posibilidad de
acercarse a las autoridades para resolver sus problemas, y con ello,
“garantizar la construcción de un México desarrollado, más y mejor
sustentable”.
Consideró que la
intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la mina de
Cananea Buena Vista del Cobre, abre el camino para contar con la evidencia
suficiente que permitirá conocer a fondo las actividades de la minera, y saber
a ciencia cierta si hubo negligencia por parte de Grupo México.
Evn
