Piden acelerar juicios políticos
En la lista de los personajes que cuentan con un expediente en su contra están el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los actuales gobernadores de Tabasco y Oaxaca.
JORGE MONROYAGO
El PRD en la Cámara de Diputados dio a conocer la lista de 388 personajes políticos contra quienes se ha interpuesto desde el 2003 una solicitud de juicio político, pero que a la fecha no han sido resueltos por parte de ese órgano legislativo.
Se trata de políticos de todos los partidos, desde el más reciente que se presentó en contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los actuales gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez, y de Oaxaca, Gabino Cué.
También el expresidente Felipe Calderón; los expresidentes del IFE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdez Zurita; los exgobernadores de Jalisco, Emilio González Márquez; de Puebla, Mario Marín Torres; de Nayarit, Ney González Sánchez; además, del extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el expresidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
En conferencia de prensa, el diputado perredista Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación e integrante de la Subcomisión de Examen Previo, destacó que las solicitudes fueron interpuestas por diferentes ciudadanos.
Explicó que la solicitud prescribe un año después de que el funcionario deja el cargo; sin embargo, destacó que el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad, en los casos de quienes ya han dejado el cargo, no debería de prescribir.
El legislador precisó que la lista de las 388 peticiones de juicio político las obtuvo de la Subcomisión de Examen Previo, la cual sólo le proporcionó el nombre, la fecha y la persona que interpuso; sin embargo, no se precisó el motivo por el cual se pidió el juicio político.
Atribuyó al PRI la detención de muchos de esos procedimientos, y mencionó que cuando hay voluntad política, sí se realizan, como ocurrió recientemente con el desafuero de la diputada local panista, Lucero Guadalupe Sánchez, por sus vínculos de cercanía con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán.
“Ya es digno de sospechar que el PRI no quiere atender estos asuntos políticos y digo el PRI, porque esta subcomisión tiene dos presidencias y ambas las ocupa el Revolucionario Institucional”, expresó.
Hernández Soriano manifestó que se debe dar cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades, que estipula plazos de entre seis meses y un año para atender estas denuncias.
Finalmente, adelantó que en el próximo periodo ordinario de sesiones presentará una reforma para simplificar el “proceso de acceso a la justicia de los ciudadanos, que es muy engorroso y que se convierte en un arma del sistema para purgarse él mismo y es usado como arma de Vendetta contra los opositores”.
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