La Torre de Babel electoral
PARA JUNIO DEL 2027 ya estaban programadas de facto dos elecciones, la normal y la de jueces y magistrados https://n9.cl/kdwfh (octavo transitorio segundo párrafo) a las cuales hay que sumar la de revocación de mandato en caso de aprobarse el Plan B de Sheinbaum.
Si ya era una elección logísticamente complicada, pues la puerca torcerá más el rabo. La implementación de procesos simultáneos encamina al ecosistema político hacia una colisión de trenes legislativos de la que pocos parecen advertir su magnitud.
Estamos construyendo una Torre de Babel Electoral con un escenario donde todos hablan, pero nadie se entiende, y donde la legalidad de uno termina por anular la legitimidad del otro. La coexistencia de tres campañas distintas es una trampa jurídica de pronóstico reservado y es que, aunque todos usen la misma boleta, hablan lenguajes democráticos distintos
Legalmente, cada proceso tiene una lógica distinta que choca en la práctica pues la campaña popular se basa en la promesa política que es subjetiva y partidista, la judicial, según la reforma debería ser técnica y de perfil en la que se prohíbe el financiamiento público y privado, así como la intervención de partidos y la revocación de mandato es un ejercicio de democracia directa sobre el pasado (desempeño), no sobre el futuro.
¿Cómo impides que un partido use su estructura de campaña popular para "recomendar" jueces o promover la ratificación en la revocación? La ley prohíbe la mezcla, pero el Plan B redujo la capacidad de fiscalización en tiempo real del INE, dejando un vacío donde el "voto en cascada" (votar por todo lo que diga el partido) anula la esencia técnica de la elección judicial.
Habrá un agujero negro en la fiscalización de recursos pues la contradicción es grave para justificar la transparencia del proceso. Mientras los candidatos a puestos populares tienen límites estrictos, los aspirantes a jueces no tienen presupuesto solo tiempos en radio y televisión y la revocación, teóricamente, solo la ciudadanía (no partidos ni gobierno) puede promoverla.
El primer gran conflicto es la naturaleza del mensaje. Al compartir el mismo tiempo y espacio, la contaminación es inevitable. ¿Cómo pedirle al ciudadano que separe la pasión de una revocación de mandato de la sobriedad que requiere elegir a un ministro?
Un espectacular que promueva la "continuidad" en la revocación de mandato beneficia indirectamente a los candidatos del partido en el poder. ¿A qué tope de gastos se carga esa publicidad?
Si un candidato a juez aparece "casualmente" en un mitin de campaña popular, la ley actual es ambigua para castigar la simulación. Estamos ante un mercado negro de favores políticos donde el rastro del dinero será imposible de seguir.
El riesgo más peligroso es la disparidad de votos. El diseño de estas tres campañas paralelas ignora el cansancio del elector. Es altamente probable que veamos una participación masiva para cargos populares, de revocación y una abstención crítica para la elección de jueces con todo y uso de acordeones como ya ocurrió que de volverse a utilizar sería una prueba de inducción al voto penado por la ley electoral. ¿Cómo saber si no viene además el nombre de un candidato popular?
Esto nos lleva a un escenario de autoridades de "segunda clase". Un juez electo con el 15% del padrón carecerá de la fuerza moral para sentenciar frente a un Ejecutivo ratificado con el 60%. Esa asimetría es el caldo de cultivo para el autoritarismo: una justicia débil frente a un poder político hipervitaminado por las urnas.
¿Y qué va a pasar si la revocación de mandato es más votada que los candidatos populares? Se cae en una invitación a los partidos perdedores a impugnar las elecciones populares bajo el alegato de que hubo “movilización selectiva” rompiendo el principio de unidad de la jornada electoral.
Pero la mayor contradicción legal reside en la libertad de expresión de los funcionarios. Las reformas permiten hoy que los servidores públicos opinen sobre los procesos bajo el manto de "interés público". Esto aniquila la equidad. Veremos a gobernantes haciendo campaña activa por jueces afines, mientras el INE observa con las manos atadas por las nuevas restricciones de sus medidas cautelares.
La Constitución otorga tiempos oficiales en radio y TV, pero la saturación crea una contradicción de derecho a la información: Con el Plan B, se redujeron facultades para sancionar el uso indebido de estos tiempos. Al dividir los minutos entre candidatos populares, decenas de aspirantes a jueces y la promoción de la revocación, el mensaje se pulveriza.
La ley exige que el ciudadano conozca a los jueces antes de votar, pero físicamente no hay tiempo aire suficiente para que 30 o 50 aspirantes judiciales se presenten sin ser opacados por la campaña popular o la revocación.
Habrá un choque directo de interpretaciones pues la Ley Judicial prohíbe a los partidos opinar sobre los candidatos a jueces y por su parte la Ley de Comunicación Institucional (reformada por el Plan B) permite que los legisladores y funcionarios opinen sobre "temas de interés público".
Un legislador podrá usar su tribuna para atacar o apoyar a un candidato a ministro bajo el amparo del Plan B, mientras que el INE estará legalmente impedido para sancionarlo eficazmente debido a las limitaciones que le impusieron.
Si las campañas se contaminan entre sí y se anula la elección judicial por intervención de partidos, ¿se anula también la votación popular que ocurrió en la misma casilla?
La ley no contempla un efecto dominó de nulidad. Podríamos terminar con una revocación válida pero una elección judicial anulada por las mismas causas, creando un "Frankenstein jurídico" donde una parte de la jornada es legal y la otra no.
La Torre de Babel no cayó por falta de ladrillos, sino porque sus constructores dejaron de entenderse. Si el proceso electoral de 2027 termina en una ensalada de impugnaciones, nulidades cruzadas y una participación dispareja, no será por accidente. Será la consecuencia lógica de un diseño legal pensado para el caos, donde el río revuelto siempre favorece al pescador que tiene el control del presupuesto.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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