Los baches no tienen ideología
En Hermosillo tenemos 3,274 kilómetros totales de calles al día de hoy. De estos, 612 siguen en terracería. Nos queda una red pavimentada de 2,662 kilómetros donde, según diagnósticos del Implan, alrededor de 1,800 —casi un 70 por ciento— tienen una carpeta asfáltica con más de cuarenta años de antigüedad; es decir, vialidades que ya rebasaron hasta en tres ocasiones la vida útil del material, diseñada para durar un máximo de quince años.
Con el piso mínimo de 6 mil millones de pesos que Toño Astiazarán pidió en 2021 al entonces presidente —quien lo mandó por nieve—, se habrían podido renovar en promedio unos 600 kilómetros, apenas una tercera parte de las calles vencidas, priorizando avenidas primarias, rutas de transporte y los colectores más destrozados. Bajo este contexto, reconstruir los 1,800 kilómetros obsoletos más los 612 de terracería elevaría la factura real hasta los 25 mil millones de pesos.
Pero lejos de recibir un rescate extraordinario, la capital sonorense paga hoy una doble factura política. A Hermosillo no lo quiere Claudia Sheinbaum porque en las urnas de 2024 fue de las pocas capitales que se volcaron a favor de Xóchitl Gálvez y tampoco lo respalda Alfonso Durazo pues vivió un sexenio opacado por la narrativa y el peso político de Toño Astiazarán. Ese resentimiento cruzado —entre Palacio Nacional y Palacio de Gobierno— se siente hoy en el estancamiento de recursos y en el freno a proyectos clave que le habrían dado respiro a la ciudad.
Este cerco opera en tres frentes: desde el Congreso, acotando o frenando las leyes de ingresos y los avales que dan oxígeno fiscal; y desde el Estado, cerrando el grifo de las obras concurrentes, los convenios y fondos extraordinarios que la alcaldía no puede pagar sola. Lo que le ocurrió a Hermosillo aquel 15 de diciembre del 2024 cuando los diputados oficialistas congelaron su presupuesto, corre el riesgo de repetirse en tres semanas más.
El tercer frente es el político. Mientras el gobernador Durazo acudió a Ciudad Obregón para anunciar una inversión estatal de 446 millones de pesos en obra pública y presumir una donación directa de la presidenta Sheinbaum —4 mil toneladas de asfalto gratuito—, en Hermosillo diputados y regidores opositores tuvieron que cabildear un Fondo Estatal de 2 mil millones de pesos, mil aportados por el Estado y otros mil, bajo un esquema peso a peso con los ayuntamientos para rescatar las vialidades de los 72 municipios. Para el Cajeme morenista, asfalto regalado desde Palacio Nacional; para la capital rebelde, a rascarse con sus propias uñas.
Para darnos una idea de la problemática de pavimentación de las calles, además de Hermosillo –donde bien o mal le falta casi un 19% total de pavimentación haciendo a un lado la caducidad ya mencionada--, tomemos como referencia las cuatro más grandes:
Cajeme, de unos 1,850 kilómetros de vialidades, alrededor del 28 por ciento (unos 518 kilómetros) permanece en terracería y cerca de 1,332 están pavimentados, por lo que las 4 mil toneladas de asfalto donadas —calculadas para unos 43 kilómetros— apenas tocan un poco más del 2 por ciento de su red total. Nogales, con casi 1,000 kilómetros totales (alrededor de 750 pavimentados), arrastra un 25 por ciento (unos 250 kilómetros) en tierra.
San Luis Río Colorado, con cerca de 1,120 kilómetros (unos 896 pavimentados), tiene alrededor del 20 por ciento (unos 224 kilómetros) sin pavimento; y Navojoa enfrenta el rezago porcentual más pesado de este grupo, con cerca del 30 por ciento en terracería (unos 223 kilómetros de un universo estimado de 743 kilómetros, frente a unos 520 pavimentados).
Ahora veamos costos y usted saque cuentas. En ingeniería vial, el calafateo —sellar fisuras con material elastomérico para evitar filtraciones— cuesta entre 25 y 50 pesos por metro lineal y dura de uno a tres años, útil solo cuando la calle aún está sana. El bacheo puntual ronda entre 450 y 900 pesos por m² y aguanta apenas de seis meses a dos años antes de que las lluvias lo levanten; el recarpeteo superficial cuesta entre 400 y 750 pesos por m² y dura de cinco a ocho años si la base inferior está firme. En cambio, la reconstrucción con concreto hidráulico va de 1,400 a más de 2,200 pesos por m² —casi el triple de entrada—, pero ofrece de veinte a treinta años de vida útil sin abrirse en cada aguacero.
Ya con el panorama completo observamos que no importa quién gane la alcaldía, el problema persistirá. Lo conseguido por Toño Astiazarán en estos casi seis años de gobierno —al ejercer más de 5,200 millones de pesos en obra pública acumulada, de los cuales más de la mitad se destinó directamente a intervenir más de un millón 240 mil metros cuadrados de vialidades— permitió bajar el rezago de calles en tierra de alrededor de un 23 por ciento al 18.7 por ciento actual.
Aun siendo el mayor despliegue de obra propia sin deuda pública de las últimas cinco o seis administraciones municipales, lo invertido estrictamente en calles en todo este tiempo ni siquiera alcanza los 6 mil millones extraordinarios que pidió al presidente en 2021 apenas como piso mínimo para rescatar una tercera parte de la red vencida. AMLO vio una nieve de limón y nunca entendió que los baches no tienen ideología. Y tal parece que Sheinbaum y Durazo tampoco.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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