Peligro los narcos, la CELAC qué...

Arturo Soto Munguia

Tres estampas que preludian la escalada de violencia en el país.

En Tepalcatepec, las autodefensas aparecen en un video pertrechados en barricadas, con fusiles de asalto, armas de alto poder calibre .50, granadas y mucha determinación para defender a balazos sus vidas y patrimonio ante el acoso del Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez ha aparecido en otros videos retando abiertamente al Estado mexicano.

En Salamanca, la tarde de ayer unos sujetos dejaron un paquete en un céntrico negocio. Era una bomba que explotó provocando la muerte sangrienta de dos personas y varios heridos.

En Chiapas, reaparece el subcomandante Marcos en su no tan nuevo personaje de subcomandante Galeano, denunciando el secuestro de dos dirigentes campesinos a manos de grupos paramilitares financiados y operados desde el gobierno estatal que encabeza Rutilio Escandón. Advierte que después de esto no habrá más palabras y hablarán los hechos. Esos grupos paramilitares operan también para grupos de narcotraficantes, sostienen.

Por más que la narrativa oficial intente desestimar la escalada de violencia a lo largo y ancho del país, es imposible ocultar lo que está ocurriendo.

No es que el bombazo de Salamanca, aunque remita a prácticas muy usuales de los narcotraficantes colombianos en los 80’ sea lo peor que ha ocurrido en el país en materia de atentados, pero sin duda reaviva el debate sobre esa escalada violenta que se comienza a catalogar en el imaginario colectivo como terrorismo.

A vuelapluma, recordemos el operativo cuidadosamente planeado, con vehículos oficiales clonados, sicarios vestidos como trabajadores de limpia de la Ciudad de México y fuertemente armados que rociaron de plomo la camioneta en que viajaba el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Harfurch, que milagrosamente salió vivo.

La masacre de Bavispe, en Sonora, donde un número indeterminado de sicarios dispararon sobre las camionetas en que viajaban mujeres y niños, asesinando y quemando sus cuerpos después, fue algo más que un acto de barbarie. Por tratarse de ciudadanos norteamericanos, el tema levantó todas las antenas del otro lado de la frontera, donde siempre están tomando nota puntualmente de lo que sucede en México.

Pero hay una infinidad de eventos violentos que han dejado el territorio nacional lleno de sangre y muertos.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este fin de semana se rebasó la cifra de 100 mis asesinatos en lo que va de la presente administración federal. Sí: más que en los sexenio de Felipe Calderón (37 mil) y Enrique Peña Nieto (60 mil) juntos, para una fecha como hoy.

En contraparte, los decomisos de droga, quema de plantíos de enervantes y detención de objetivos criminales importantes va a la baja.

Necesariamente eso crea la percepción de que la política de seguridad en México es un fracaso. Y la percepción, dicen los que saben, es realidad.

Vamos a suponer que es correcto el planteamiento que inspira esa política: evitar la confrontación abierta con el crimen organizado y atacar las causas de la pobreza para disminuir los índices de violencia.

Pero resulta que nada más en el último año (la pandemia ayudó) se sumaron a las filas de pobres más de cuatro millones de personas en el país. Aun haciendo abstracción de la complejidad del problema, la ecuación no parece tan compleja. Si hay menos pobres, hay menos violencia. Pero resulta que en México hay más pobres; se entiende entonces el actual estado de cosas.

Es claro que el fenómeno de la violencia criminal y la doméstica no se puede simplificar o reducir de esa manera, pero es claro que tampoco se han logrado establecer políticas públicas que las contrarresten considerando su condición multifactorial.

El hecho es que dentro y fuera del país, las voces que comienzan a hablar de terrorismo crecen, y eso sí entraña peligros peores porque parecen estar pidiendo a gritos una intervención del gobierno de Estados Unidos en México, que vaya más allá de la diplomacia con la que hasta ahora han hecho recular al gobierno mexicano, obligándolo a hacer el trabajo sucio en la frontera con Centroamérica para frenar la migración.

A los gringos no parece preocuparles tanto si México es el anfitrión de los jefes de Estado integrantes de la CELAC, sus críticas a la OEA o los llamados del presidente mexicano a levantar el bloqueo a Cuba. Ni siquiera pareciera incomodarles la presencia de Nicolás Maduro y Díaz Canel en México, que asumieron con cierto desdén.

El imperio tiene mecanismos más sutiles y más efectivos para mantener su hegemonía continental sin necesidad de una invasión armada, aunque como ha quedado claro en otras ocasiones, no vacilaría en llevarlas a cabo.

Lo que sí comienza a causar más escozor al norte de la frontera mexicana es la inacción del gobierno de López Obrador para contener la escalada de violencia criminal, aun asumiendo que EEUU es parte del problema: como el mercado de drogas más grande del mundo y como abastecedor de armamento.

Lo del bombazo en Salamanca no es para subestimarse, pero en realidad no es menos grave que los decapitados en Tamaulipas; los colgados de los puentes en Coahuila; la guerrilla de las autodefensas en Michoacán; el sobrecalentamiento de la narcopolítica en Chiapas y todo el mosaico de ‘hechos aislados pero cada vez más frecuentes’ que incluyen prácticamente a todos los estados del país y configuran un escenario de conflicto en su patio trasero, como despectivamente suelen aludir en EEUU a México.

López Obrador puede seguir ‘chiflándole al toro’ gringo con la misma pintoresca bravura con la que Maduro se monta en un tanque desvencijado y reta al imperio a una guerra, pero eso no va a pasar de lo anecdótico. Una amenaza de Trump para imponer aranceles a las exportaciones mexicanas bastó para que doblara las manitas y mandara a la Guardia Nacional a repartir macanazos y patadas a los migrantes en la frontera sur.

El día que los bombazos comiencen a tronar en un edificio consular o en alguna ciudad norteamericana, las cosas pueden cambiar.

La expansión de los cárteles, su poder económico y de fuego, su capacidad para infiltrarse en las instituciones gubernamentales, en las policías y hasta en el Ejército, eso sí constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y los gringos no suelen ser amables cuando se ven amenazados de esa manera.

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