La violencia ya afectó la democracia…
HAY UN ESTUDIO denominado “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, sumamente interesante. Si lo quiere, puede bajarlo de este link: https://n9.cl/apanu5
Nos dan a conocer cómo del 2006, con preponderancia en este sexenio, el crimen organizado ha violentado las elecciones bajo una metodología similar: antes, durante y después de los comicios. Claro, los números son diferentes pues mientras en el sexenio 2006-12 se contabilizaron 311 ataques del 2018-23 fueron ocho mil 361.
En el análisis se contextualiza la búsqueda del control total principalmente de los municipios para lo cual se utilizan los esquemas de violencia ya conocidos que, sobre todo en el rubro de asesinatos, éstos aumentan una vez pasadas las elecciones y tiene como origen el conflicto entre diferentes bandas que ocurren en una región determinada. Es un ajuste de intereses.
Ya no es solamente el trasiego de drogas lo que buscan sino apoderarse de la función pública inyectando en la burocracia empleados que laboran para los jefes de la mafia y apoderarse de mercados relacionados con el comercio, transporte, policía y proveeduría de servicios, lo cual no es novedad.
Lo que, si es, es que ya voltearon hacia los diputados federales y locales pues les interesa contar con mayor incidencia en el establecimiento de leyes que de alguna manera les puedan perjudicar o bien, beneficiar en caso dado. Esta estrategia es más novedosa e interesante.
La violencia que generan antes de las elecciones conlleva a su vez el desmantelamiento de la participación ciudadana en las casillas de tal manera que por cada persona funcionaria atacada –del nivel que sea--, el porcentaje de participación se reduce en tres puntos porcentuales, mientras que, si el atacado es un candidato, la reducción es de 1.3%.
El estudio también establece que ni candidatos o funcionarios y sus familias están a salvo. No hay discriminación ante el objetivo de generar miedo para limitar la votación, como ha ocurrido en las últimas jornadas electorales y cuyo antídoto, según la hipótesis del documento, es una mayor participación ciudadana. Como que es la detente de los grupos criminales.
Si bien tales regímenes de gobernanza criminal incluyen controles más allá del ámbito político —en lo económico y en lo social— la posibilidad de regular la esfera política es fundamental para que puedan tener la protección necesaria desde la estructura del Estado para operar con impunidad. Les da un plus que no tenían cuando únicamente se dedicaban a un solo manejo de producto negro.
Otro dato interesante es que en la distribución política criminal por partido 2018-2023, el 25% corresponde a Morena –influye que sean más--, 19% del PRI, 12% al PRD y PAN por separado, MC 7%, PANAL 2%, sin partido 6% y otros, 18%.
Influye en esta incidencia, así como la guerra entre bandos, el hecho de que los tres niveles de gobierno son manejados por diferentes partidos.
Los seis puntos de eventos estudiados: amenaza, atentado, ataque armado, desaparición, secuestro y asesinato no se han detenido, al contrario, van en aumento desde 2022, tomando como referencia de tales agresiones principalmente mayo, cerca de las elecciones celebradas en ese año para la renovación de gubernaturas en seis entidades. De allí que se manifieste que la tendencia sea similar a partir del próximo mes.
El 60% de la totalidad de los ataques son asesinatos, seguidos de ataques armados (18%), prácticamente 8 de cada 10 contra actores políticos son letales.
Del 2018-19 los eventos de violencia político-criminal se empezaron a concentrar en las regiones del Oeste, Sur y Golfo de México, en 2020-21, se dispersaron a la zona Centro y Bajío, además de empezar a identificar municipios focalizados con una mayor concentración de ataques. Finalmente, en 2022-23, se extendió a casi todo el país, con Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas y Baja California ocupando los primeros cinco lugares. Solamente Baja California Sur no tiene registro de este tipo de eventos.
Más aún, los ataques en 581 municipios concentran 75 millones de habitantes, es decir, el 60% de la población mexicana que vive en un territorio donde el crimen organizado ha buscado incidir en la esfera política mediante el uso de ataques dirigidos a actores políticos y sus círculos más cercanos. El 77% es contra alcaldes o candidatos a ese cargo.
Las estadísticas demuestran que (2018-23), en promedio cada mes fueron atacadas once personas de la esfera política: cuatro funcionarios públicos y siete integrantes de cuerpos de seguridad. A su vez, de las 69 instalaciones de gobierno atacadas por parte de la delincuencia organizada en dicho período, más de la mitad corresponde a comandancias de policía o instalaciones de seguridad (59%).
Dos de cada diez víctimas son mujeres por su relación como candidatas (27%), o como autoridades de elección popular (22%). Mientras que, entre hombres, más de la mitad eran funcionarios públicos que no contendieron por el cargo (empleados del ayuntamiento y de seguridad pública). Solo el 14% de los hombres atacados buscaba o había buscado una candidatura y el 18% tenía cargos de elección popular.
En el 2011, en Michoacán, los principales partidos retiraron más de 50 candidaturas debido a amenazas, algo similar a lo que hoy ocurre, lo nuevo ahora es que se amplió tal fenómeno a otras entidades del centro del país.
Este estudio arroja a su vez un punto neurálgico, el crimen organizado ya afectó la prevalencia de la democracia en México.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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