Las leyes de la 4T: puro papel mojado

EN EL MÉXICO legislativo de 1800 al 1950, cuando el congreso emitía una ley tardaba hasta una semana en ser difuminadas las nuevas disposiciones legales, pero de eso a que se convirtieran en costumbre y el país aceptara, deglutara y viviera con esa nueva disposición, pasaban años para convertirse en una cultura jurídica y con ello establecer nuevos parámetros de comportamiento en el país.

En el México actual el conocimiento de las nuevas leyes se conoce prácticamente en el mismo día, pero su imposición y culturización tardan aun años. Por eso este país cuenta con innumerables leyes, pero cuya implementación y concientización en la población es de largo, largo plazo.

Hace uno o dos años, por ejemplo, surgió una ley en la cual se establece que amerita castigo legal a quienes transportan leña, pero nadie le hace caso. Hay otras similares como cuando se impulsó aquella de ser causa de ilegalidad el consumo de caguama que el día de hoy conforma un delito y aunque se vende en establecimientos de comida, tanto quienes la hacen como los consumidores saben que están infringiendo una ley y se deben atener a las consecuencias que son hasta dos años de cárcel.

Podemos recordar por ejemplo cuando en Hermosillo se impuso como obligatorio el uso del cinturón de seguridad, lo cual ya es costumbre con independencia del castigo, algo similar al tirar basura a la calle desde el carro. No hemos logrado que en materia del uso del celular se logre que se convierta en algo similar.

Esto viene en referencia a lo que la 4T ha hecho con tanto cambio a las leyes pretendiendo cambiar no solamente el régimen legal mexicano, sino el uso de las nuevas disposiciones que conlleve el afianzamiento de un sistema ideológico que es su objetivo.

Así tenemos que hay leyes simbólicas o de discurso (nombres de calles, días festivos, “delitos de odio” mal definidos) que al gobierno actual le ha llevado de uno a seis meses aprobarlos, pero el tiempo real para considerarlos “cultura” bien puede llevar de uno a tres años (solo que choca en sectores educados u oficialistas), pues hay ordenamientos como la Ley de Austeridad Republicana (2019) que nunca se cumplió por los programas sociales.

Asimismo, en los cambios pernales Cambio penal medio (delitos nuevos, penas más altas) actualizados, el legislativo tardó hasta 18 meses para el cambio, pero culturizarla puede tardar entre cinco y quince años (si hay impunidad, nunca) pero pierde consistencia desde el momento en que reforma contra el feminicidio que vienen desde el 2007 demuestran que no funcionan toda vez que luego de 19 años siguen los asesinatos de mujeres entre 10-11 diarias actualmente.

Las reformas constitucionales que tardan en establecerse entre uno y dos años por el legislativo, tardan entre 12 y 30 años en conformarse como considerable de tomar en cuenta por la población, siempre y cuando esos cambios no sean capturados por algún organismo político de tal manera que en México se han implementado reformas energéticas como la del 2013 de tal forma que luego de once años fue revertida de facto. Entonces, lo que se había aprobado entonces volvió a su inicio para convertirla en cultura nacional.

En materia de prohibición cultural fuerte (alcohol, tabaco, armas) el cambio de leyes suele tardar hasta tres años, pero lograr imponerla como costumbre suele tardar entre 20–50 años (o nunca en zonas rurales/populares, es difícil que el gobierno logre quitarle a un pueblo la costumbre de pistear) y de allí que la ley antitabaco 2023 (prohibición en espacios públicos) al día de hoy sigue siendo rechazada desde el momento en que sigue fumando el 60 % en la calle.

Sobre la reforma judicial o electoral el legislativo suele tardar entre uno a cinco años para implementarla, pero para que el pueblo la acepte se tardará entre 15 y 40 años (solo si no la capturan gobierno o partidos políticos) y en el caso del INE (2014) 11 años después (2025) ya está desmantelado por reformas de Morena que es el inicio.

En cuanto a derechos humanos o “progresistas” (matrimonio gay, aborto, eutanasia) se tardó hasta casi ocho años en logra cambios legislativos y para lograr el cambio de mentalidad poblacional se puede tardar desde 8–25 años (primero ciudades, después interior), así tenemos que en el caso de matrimonio igualitarios empezó en CDMX 2010 y para el 2025 todavía ocho estados lo resisten o lo aplican mal.

Sobre la ley de transparencia o anticorrupción el legislativo tardó casi tres años en cambiar la ley, pero nunca se podrá conformar en cultura si no hay castigo real de tal forma que en el Sistema Nacional Anticorrupción 2017 - 2025 hay cero sentencias de alto nivel.

Y en cuanto al uso de suelo o expropiación como fue aceptado en CDMX, ley que tardó hasta cinco años en concebirse, tardó hasta diez años en conformarse como cultura (pero si hay dinero de por medio, se ignora en 6 meses) relacionadas con incremento de terrenos que el gobierno capitalino utiliza para la conformación de futuras colonias. Pero en el país aun no hay repercusiones al respecto que se ven con recelo por otros estados.

Así tenemos que de uno a dos años la ley existe en el papel y sale en el noticiero, luego se tarda de cinco a ocho años para que empiece a aplicarse en las ciudades grandes y con gente educada y de 12 a 20 años para que empiece a convertirse en cultura en todo el país, solamente si hay castigo real y constante a quien la viola, o bien si no revierten esa ley o la vacían con leyes secundarias o amparos o si hay un nuevo gobierno que la odie ideológicamente.

Después de entre 20–25 años ya es casi imposible de quitar la culturización legislativa, aunque llegue un gobierno contrario. La 4T cree que con 70 reformas constitucionales en seis años puede reinventar México como quien cambia el canal. Se equivocan: aquí ninguna ley se vuelve cultura en un sexenio, y mucho menos cuando se aprueba a madruguete, sin debate y para eternizar al partido en el poder.

Pueden llenar el DOF de decretos “históricos”, pero mientras no metan a la cárcel a los suyos por violarlos, la calle seguirá riéndose de sus papeles. En veinte o treinta años, cuando ya nadie recuerde sus nombres, quizá algo quede. Para entonces, México seguirá siendo México… y ellos, solo una nota al pie de la impunidad.

EN FIN, por hoy es todo, el lunes le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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