El extraño caso del Pato
LO QUE OCURRE alrededor de Ernesto “El Pato” de Lucas Hopkins es muy extraño. Anda amparado pues cuenta con orden de aprehensión acusado de peculado –vía Fiscalía Anticorrupción que debe probar haber sustraído un recurso público para beneficio propio--, por la Fiscalía Estatal de Justicia que en Sonora conlleva una pena de 6 meses a 12 años de prisión, multa y destitución/inhabilitación.
Se le acusa de haber suscrito contratos irregulares durante su gestión en la SEC que facilitaron el desvío de más de 287 millones de pesos de recursos públicos. Según la fiscalía estos fondos estaban destinados al pago del ISR a través del llamado Plan de Beneficios Múltiples y que no contaba con autorización fiscal adecuada.
Lo raro en esto es que ese plan, con otros nombres, han existido en los gobiernos estatales, desde 1981 cuando se firmó un primer convenio con la federal SHCP que permitía a los integrantes de la sección 54 del SNTE –exclusivamente--, que les quitaran un cachito de sus ingresos y se utilizara como un fondo para otorgarles varios tipos de beneficios.
Tengo documentos que señalan diferentes fechas de firmas de tales convenios en los cuales se establecen múltiples beneficios en materia de previsión social que van desde seguro de vida, seguro de invalidez total y permanente, seguro de pérdidas orgánicas, seguro familia de gastos funerarios, entre otros.
En este gobierno de Alfonso Durazo también existe ese convenio. En los tres primeros años cuando era titular Aarón Grajeda se observó que ese plan beneficio juntaba tanto dinero que se pasó y registró en el área de pavimento de la Secretaría de Hacienda estatal –hecho raro--, y después se manejó un acuerdo claroscuro directo con quienes manejan la Sección 54 del SNTE.
Solo como detalle, Javier Ceballos, actual titular del SNTE 54 fue subsecretario de gobierno en este gobierno, tal vez por ello no lo han lo citado en la fiscalía como testigo, así como tampoco a otros involucrados en este caso.
Los 17 mil integrantes de la sección conocen este programa en especial desde tiempos inmemorables como Plan de Remuneración Total –PRT--, y saben que requiere del apoyo y visto bueno del SAT, vía convenio con el Estado incluyendo el actual, para su funcionamiento legal.
La fiscalía estatal, anda hecha bolas. Acusó que ese fondo estaba destinado en su totalidad al pago del ISR lo cual es falso. El fideicomiso se constituyó con recursos del descuento del cachito del salario de cada trabajador del SNTE 54 –al ser individual es privado--, por lo cual no aplica esa objetividad supuestamente criminal.
Señala la fiscalía que no contaba con la autorización fiscal adecuada, es decir, que el convenio con hacienda federal no existía lo cual también es falso, veamos esto en base a la trazabilidad de los recursos, es decir, origen, destino y responsabilidades.
Primero, se les descuenta a los trabajadores de la educación su cacho del ISR contextualizado por la Dirección de Recursos Humanos de la SEC que envía tal información individualizada a la Tesorería del Estado que hace el depósito y retiene esa parte del impuesto a través de la subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
Segundo, el pago para aquellos trabajadores del SNTE que sufrieran algún daño contemplado dentro del convenio de bienestar de previsión social, una vez que pasara los filtros respectivos –comité técnico y comité de vigilancia- debe ser cubierto por la mencionada subsecretaría de Recursos Humanos.
Tercero, en este seguimiento de los recursos, quien abre una cuenta bancaria mediante la cual la vigilancia y la claridad de su manejo, corresponde a la Secretaría de Hacienda, toda vez que la SEC no cuenta con un RFC propia, (si usted le factura, lo hará a nombre del Gobierno del Estado), al igual que ocurre con otras dependencias.
Cuarto, para movilizar un recurso del banco que es el fiduciario, se requiere cumplir con una serie de reglamentaciones rígidas y solicitudes del fideicomisario (el afectado que recibe el dinero), de tal forma que hablar de una transgresión a las reglas para un posible desvío se vuelve una opción compleja.
Quinto, lo curioso es que no existen denuncias ni de parte de los trabajadores de la educación (que serían los afectados) o bien del mismo SAT que refuercen la implicación del peculado y desvío de recursos destinados a pago de impuestos, lo cual forma parte de las extrañezas que maneja la fiscalía contra el Pato. ¿No sería en todo caso un delito federal?
En este contexto se sabe que 200 de esos 287 millones acusatorios hay expedientes auditados que comprueban el uso correcto conforme a las reglas de operación del fideicomiso lo que extraña la cantidad de recursos supuestamente desviados pues no deja de ser un fondo revolvente.
(También hay que establecer que no forma parte de la ley de ingresos y egresos pues está conformado por recursos privados y el gobierno viene siendo el administrador, solo como detalle).
Hay otras voces que mencionan que lo que hay detrás de la acusación contra el Pato, posiblemente se esconda la posibilidad de que las actuales autoridades gubernamentales se hayan apropiado indebidamente, con fines aviesos, de los millones de pesos que conforman ese fideicomiso.
Suena viable, pero difícil de comprobar, que hayan preparado como justificación la acusación de peculado contra el exfuncionario para hacerlo pasar como el culpable de todos los males –o uno de ellos--, del verdadero supuesto desvío tumultuoso de recursos actuales de la aportación del ISR de los maestros. Valido o no es una hipótesis interesante
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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