Trágico: renuncias borrarán la memoria electoral
Una vez aprobado el plan B electoral por los diputados, está ocurriendo en estos momentos una desbandada de trabajadores tanto del INE como de sus similares estatales (Oples) al quedar descobijados presupuestariamente y correr el riesgo de quedarse sin pensiones adecuadas o sin los beneficios laborales correspondientes.
El tiempo está en su contra. Aunque faltan minucias para ser publicado en el DOF –se presume que en una o dos semanas --, una vez legalizado el decreto no habrá retroactividad. Y es que bajo el amparo justificatorio de la austeridad, el guardadito del órgano electoral para atender situaciones laborales pasará a la bolsa general de la tesorería de la federación.
El Plan B ordena extinguir el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Retiro que ronda los 800 mdp que es el más sensible pues garantiza las compensaciones por años de servicio de los técnicos que ahora están renunciado. El otro es el Fondo para infraestructura Inmobiliario destinado a la construcción y mantenimiento (400 mdp) de los módulos de atención ciudadana que es donde sacas tu credencial y poniendo en vilo las bases de datos del padrón electoral.
La trazabilidad interna obligará al INE al cierre de cuentas y por ley, retener un porcentaje entre el 15 y 25% para cubrir juicios laborales ya en curso o compromisos de retiro ya pactados, el remanente de los mil 200 mdp aproximados entrarán a la bolsa del gobierno federal perdiendo la etiqueta de “uso electoral”.
Los trabajadores aplican una lógica de "primero en tiempo, primero en derecho" pues si el fideicomiso de retiro se extingue como está programado, es cosa de esperar el tiempo debido, el INE tendría que pagar las futuras liquidaciones con su presupuesto operativo ordinario, el cual también fue recortado por el Plan B.
Ahora bien, quienes renuncien en 2027 podrían encontrarse con un instituto que no tiene fondos para pagar finiquitos, obligándolos a ir a juicios que tardan años. Al irse ahora, aseguran que su pago salga directamente del fondo antes de que este se agote o se entregue a la Tesorería.
En una analogía sería tanto como cuando los ahorradores pierden la confianza en que el banco podrá devolverles su dinero, todos corren a sacar sus fondos al mismo tiempo provocando un colapso natural. En el INE, el Plan B es el rumor de insolvencia; las renuncias masivas son la corrida bancaria. El Estado recupera el efectivo (fideicomisos), pero se queda con un banco (INE) sin capital humano para operar.
Los recientes informes manejan renuncias de técnicos electorales en CDMX, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Durango y Tamaulipas más los que se acumulen esta semana.
Los bandos medios, quienes son los que operan realmente los sistemas de cómputo y distritación le están buscando por otro lado, y para aquellos que creen que organizar una elección es solo poner casillas olvidan que debe prevalecer en su personal conocimiento de la geografía electoral y los precedentes jurídicos. Si se van los que saben, el margen de error en 2027 aumenta.
La tesorería federal se ha convertido en el receptor de fondos del poder judicial, Senado y ahora del INE, recursos que Hacienda empleará para el financiamiento de la reforma judicial que se realizará junto con las intermedias, para el pago de vencimientos de la deuda pública y si queda algo, para proyectos de infraestructura municipal que el Plan B menciona.
Paradójico, se gastará más en pensiones y pago de liquidaciones que en el supuesto ahorro que se buscaba conseguir.
Lo que aprobaron los diputados no es una novedad. En 2011, en Hungría se forzó a la jubilación de los cuadros técnicos experimentados (bajo el pretexto de renovar y ahorrar en pensiones altas), el partido Fidesz llenó las vacantes con leales y actualmente su democracia, antes plena, pasó a ser una autocracia electoral según definió en 2022 el Parlamento Europeo.
Las elecciones se siguen celebrando, pero el árbitro está "capturado": las reglas de distritación y acceso a medios siempre favorecen al oficialismo. La "experiencia" se sustituyó por "obediencia".
En Venezuela y tras el referéndum de 2004, miles de empleados públicos y técnicos electorales fueron despedidos o forzados a renunciar por su perfil político y autónomo. El Consejo Nacional Electoral perdió su carácter técnico-ciudadano y la oposición optó por el abstencionismo en 2005 entregando el control total del legislativo al gobierno. Fue el punto de no retorno para la democracia venezolana y el árbitro se convirtió en un apéndice del Ejecutivo.
En el Brasil de Bolsonaro en 2022 manejó la narrativa de “ahorro” y “duda tecnológica” que obligó al Tribunal Superior Electoral a gastar más en auditorías de emergencia que lo que supuestamente se ahorraba.
Se produjo así una polarización institucional. El Poder Judicial tuvo que volverse un actor político activo para defenderse lo que terminó en la inhabilitación de Bolsonaro en 2023. En este año habrá elecciones en ese país y la sociedad desconfía de su árbitro electoral. Se perdió la confianza y el deseo de salir a votar.
La democracia mexicana no morirá por un golpe de timón estruendoso, sino por una asfixia silenciosa y burocrática. Al vaciar los fideicomisos y forzar la huida de sus especialistas, el Plan B no está ahorrando pesos, está incinerando décadas de aprendizaje institucional.
Resulta una tragedia histórica que la misma izquierda que en los noventa arrebató el sistema al autoritarismo, sea hoy la que devora sus propios cimientos, expulsando el talento técnico para entregarnos un árbitro electoral ciego, sordo y, lo más grave, sin memoria.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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