El Gobierno del Estado
llegará hasta las últimas consecuencias en cualquier demanda que se presente
contra Grupo México para resarcir el daño causado a más de 22 mil sonorenses
por el derrame de metales pesados en el Río Sonora, advirtió el Gobernador
Guillermo Padrés.
“Es una demanda muy amplia,
lo estamos cuantificando, estamos trabajando, levantando los padrones y estamos
trabajando de la mano con la sociedad y vamos a llegar por supuesto hasta las
últimas consecuencias para defender los intereses de los ciudadanos”, aseveró.
Durante su participación en
el programa “Por la Mañana”, con el periodista Ciro Gómez Leyva, el mandatario
estatal reiteró que la mina Buenavista del Cobre es la culpable por el derrame
tóxico y debe asumir su responsabilidad con los ciudadanos.
“Los hechos hablan, ahí
estamos trabajando de la mano con la gente, hemos estado en todo momento
exigiendo que se pueda resarcir este daño, tengo un compromiso firme de hacer
todo lo que esté al alcance del Gobierno del Estado y por supuesto colaborar
con el Gobierno Federal para que a la mina se le sancione y ellos asuman la
responsabilidad que tienen, que es muy amplia”, comentó.
El Gobernador Padrés comentó
que el primer paso al conocer la emergencia fue controlar el derrame, atender
la emergencia con las autoridades de Protección Civil y ayudar a la gente,
suministrarle necesidades apremiantes como agua, víveres y recursos económicos
a partir del cierre de pozos que dejó sin el suministro a 7 municipios.
El segundo paso, detalló, es
atender el reclamo justo de los ciudadanos de recibir una indemnización por los
daños patrimoniales, por lo que el Estado está apoyando con asesoría legal y
todo lo que se les solicite a los presidentes municipales de Aconchi, Arizpe,
Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, para proceder con
esta demanda colectiva por la vía civil.
“Estamos ahorita
organizándonos junto con los alcaldes, los productores, las uniones de
producción ahí, la Unión Ganadera, precisamente para poder exigir a quien es
responsable, que es Grupo México, para que pueda resarcir, no nomás los daños
ecológicos, que nos vamos a asegurar de que así sea, sino también el daño
patrimonial a los ciudadanos”, dijo.
Padrés, reiteró que el
Estado trabaja en coordinación con el Gobierno Federal, especialmente con
CONAGUA, PROFEPA y SEMARNAT, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y
que se liberen los pozos únicamente cuando se confirme que no hay riesgo para
la población.
Esto, explicó, será definido
por la Comisión Nacional del Agua, dependencia encargada de revisar la calidad
del agua, sin que la liberación de los pozos, o el reciente apoyo económico del
Grupo México a los alcaldes para atender necesidades de 500 mil pesos por
municipio, signifique de ninguna forma el fin de los procesos en contra de la
mina.
La demanda que preparan
alcaldes y ciudadanos, dijo, incluye daños patrimoniales a todos los
productores del río, así como daños de infraestructura, producción, y daños a
la salud a cualquier persona, a sus animales o a sus herramientas de trabajo,
además del patrimonio de los sonorenses que es el mismo Río Sonora.
