Justicia

Entretelones

Samuel Valenzuela

La administración, procuración e impartición de justicia en Sonora se encuentra por debajo de la media nacional, consideró José Manuel Ávila Valenzuela, al cuestionar con crudeza cómo en los últimos años se ha privilegiado la prisión preventiva oficiosa y la judicialización de carpetas de investigación por sobre acuerdos de reparación del daño.

Quien hasta hace unos días fuera el presidente de la Barra Sonorense de Abogados sostuvo largo platique con integrantes de la Mesa Libre Expresión, ante quienes diseccionó la situación en materia judicial prevaleciente en Sonora y como es que teniendo una flamante carretera de cuatro carriles para atender dicha problemática, en la Fiscalía General de Justicia del Estado y en el Supremo Tribunal de Justicia, se toman vías alternas y brechas.

Prolijo en ejemplos, el profesional de la abogacía atribuyó la mediocridad del sistema de justicia estatal a varias razones, una de ellas el que Sonora haya sido el último estado de la república en implementar el nuevo sistema de justicia penal, trámite dejado en 0 por el coordinador de dicho esfuerzo, el ahora militante de MORENA, el expanista, corrupoytazo y oportunista Sergio Gutiérrez Luna, quien como se recordará nunca informó en dónde se gastó los 83 millones de pesos que se presupuestaron para el ejercicio fiscal 2014.

Insuficiente número de Agentes del Ministerio Públicos, maltratados y mal pagados, además de su excesiva rotación, así como jueces omisos y complacientes para otorgar a primeras de cambio la judicialización de carpetas y dictar la prisión preventiva oficiosa y así derivar en el actual rezago histórico en la impartición de justicia en el estado.

Ejemplificó con la información de hace unos días en la cual el Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chavez se jactaba de la judicialización de veintitantas mil carpetas de investigación y solo mil y cacho de acuerdos de reparación de daños, cuando dicha proporción debería ser a la inversa, todo por imponer la detención preventiva justificada por sobre el acuerdo reparatorio entre particulares.

Contrario a principios del derecho internacional y a fallos en contra de la corte interamericana, en México se impuso la prisión preventiva oficiosa por sobre un principio constitucional elemental: la presunción de inocencia, lo cual ha dejado secuelas muy graves entre quienes después de dos o tres años de prisión son absueltos.

Explicó, que al principio, solo cinco o seis delitos graves eran merecedores de esa figura jurídica que va a contracorriente del artículo 20 constitucional, pero con el paso del tiempo tales delitos han subido hasta 19, en el marco de una pervertida relación entre ministerios públicos y jueces unidos en la simplificación de su trabajo.

Reconoció la pésima o nula relación entre el Fiscal Salas Chávez y el presidente del Poder Judicial, Rafael Acuña Griego, a quienes sin embargo consideró víctimas de los bajos presupuestos anuales que se les asigna, muy lejos del al menos 4 por ciento del gasto programado anual del Gobierno del Estado.

De una escala de 10, “no pasa de 6”, consideró al calificar la administración, procuración e impartición de justicia en Sonora y dar algunos detalles de las peripecias de los profesionales del derecho al desplegar sus esfuerzos en la representación jurídica de quienes contratan sus servicios, además de las limitaciones de la defensoría de oficio.

Consideró importante resolver esa problemática cuanto antes, frente al riesgo de que al no tener respuestas, las y los ciudadanos se alejen de los tribunales y busquen justicia por propia mano.

Estuvo bueno el platique con el profesional de la abogacía, obviamente con una fuerte carga crítica en contra del fiscal Salas Chávez y una especie de respeto condescendiente para Acuña Griego, aunque evitando comentar con un “no me consta” sobre eventuales decisiones tomadas no desde el STJE ni en la FGJE, sino en alguna oficina del Palacio de Gobierno.

Por otra parte, este miércoles la coalición de Morena, PT y Verde instaló los arrancaderos para correr el proceso de selección de candidatos a las gubernaturas de los 17 estados que renovarán ese cargo en 2027, y en Sonora la galopada iniciará el viernes 26 de este mes de junio.

La reunión fue presidida por la dirigente nacional del partido oficial, Ariadna Montiel, con la asistencia de las dirigencias de partidos rémoras, del PVEM, la senadora Karen Castrejón y del PT, Alberto Anaya; así como consejeros y liderazgos de los partidos, así como Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones en Morena y no, no se menciona al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

En la juntada se acordaron reglas: no habrá pleitos internos entre aspirantes; se respetarán los reglamentos de cada fuerza política, incluido permitir que sus candidatos puedan ser familiares de los gobernantes en turno, sin importar la posición de la presidente Claudia Sheinbaum al respecto.

Los aspirantes a ser coordinadores estatales de la defensa de la transformación podrán inscribirse del 22 al 27 de junio en la Ciudad de México; la sede será el World Trade Center. Las encuestas para elegir a los principales perfiles se realizarán hasta después del Mundial de Futbol.

Entre los requisitos y reglas que deberán cumplir los cientos de aspirantes destacan: realizar tareas organizativas de tiempo completo, separarse del cargo público, evitar campañas dispendiosas, no utilizar espectaculares ni programas sociales para promoción personal.

Además, se exige un compromiso con la unidad; se prohíbe generar conflictos internos, se debe aceptar el método de encuesta como mecanismo definitivo de selección y respetar el resultado, así como comprobar una trayectoria positiva y sin vínculos con procesos judiciales pendientes.

Como de ver dan ganas, también por rumbos de la oposición en Sonora ya se organiza un magno evento de lo que se considera el lanzamiento del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán como aspirante a la gubernatura, el cual será en estos días en el Expoforum, en lo que se considera como el último evento como presidente municipal, previo a la solicitud de licencia para contender por la gubernatura abanderado por eventual alianza entre el PRI, PAN y Partido Sonorense.

No sabemos aún si se sumará el PRD o Movimiento Ciudadano. En el primero de los casos se ve difícil que el perredismo sonorense vaya junto a priistas que han pretendido comprar las siglas de esa organización de izquierda para formar un engendro denominado Maciso y en el caso de MC, persiste la posición de ir solos o ser el partido postulante del guaymense y ya se verá si se suman priistas, panistas y peseistas.

Puede resultar intrincado el proceso interno de selección de partidos de oposición a MORENA, porque si así como el PS o el PAN pudieran ser la base postulante del Toño, los del PRI ya tienen en esa posición a Víctor Hugo Celaya, sin que tengamos idea si ya se trabajan en los mecanismos y procedimientos de quien irá por la gubernatura, todo en función de que se concrete esa alianza, que, en el caso de MC, lo mejor que pudiera ocurrir es que se anime a entrarle Luis Donaldo Colosio Riojas.

Por rumbos de MORENA tiende a generalizarse la percepción respecto a decisiones ya tomadas sin importar el resultado de las fantasmagóricas encuestas y la buenera parece ser la senadora Lorenia Valles Sampedro; esperable un gran berrinche de Célida López y una gran decepción de Javier Lamarque Cano, a quien le pronostican que sólo verá pasar la última oportunidad política de su vida.

Froylán Gámez Gamboa luce como agazapado y listo para lo que se ofrezca, por ejemplo que se indigeste a Lorenia su cercanía con el corrupto René “El Señor de las Ligas” Bejarano y/o deje de tener efectos en las masas lo siempre bien peinada y maquillada y ahí él estaría como oferta con muy buena competitividad, que en el caso de María Dolores del Río o Heriberto Aguilar más bien pudieran aspirar a otras cosas; ella a una diputación federal o ser enlistada para una diputación pluri, y el, para la presidencia municipal de Guaymas, aunque en el puerto es generalizada la opinión que apenas le alcanzaría para una regiduría.

Entretelones

Samuel Valenzuela

La administración, procuración e impartición de justicia en Sonora se encuentra por debajo de la media nacional, consideró José Manuel Ávila Valenzuela, al cuestionar con crudeza cómo en los últimos años se ha privilegiado la prisión preventiva oficiosa y la judicialización de carpetas de investigación por sobre acuerdos de reparación del daño.

Quien hasta hace unos días fuera el presidente de la Barra Sonorense de Abogados sostuvo largo platique con integrantes de la Mesa Libre Expresión, ante quienes diseccionó la situación en materia judicial prevaleciente en Sonora y como es que teniendo una flamante carretera de cuatro carriles para atender dicha problemática, en la Fiscalía General de Justicia del Estado y en el Supremo Tribunal de Justicia, se toman vías alternas y brechas.

Prolijo en ejemplos, el profesional de la abogacía atribuyó la mediocridad del sistema de justicia estatal a varias razones, una de ellas el que Sonora haya sido el último estado de la república en implementar el nuevo sistema de justicia penal, trámite dejado en 0 por el coordinador de dicho esfuerzo, el ahora militante de MORENA, el expanista, corrupoytazo y oportunista Sergio Gutiérrez Luna, quien como se recordará nunca informó en dónde se gastó los 83 millones de pesos que se presupuestaron para el ejercicio fiscal 2014.

Insuficiente número de Agentes del Ministerio Públicos, maltratados y mal pagados, además de su excesiva rotación, así como jueces omisos y complacientes para otorgar a primeras de cambio la judicialización de carpetas y dictar la prisión preventiva oficiosa y así derivar en el actual rezago histórico en la impartición de justicia en el estado.

Ejemplificó con la información de hace unos días en la cual el Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chavez se jactaba de la judicialización de veintitantas mil carpetas de investigación y solo mil y cacho de acuerdos de reparación de daños, cuando dicha proporción debería ser a la inversa, todo por imponer la detención preventiva justificada por sobre el acuerdo reparatorio entre particulares.

Contrario a principios del derecho internacional y a fallos en contra de la corte interamericana, en México se impuso la prisión preventiva oficiosa por sobre un principio constitucional elemental: la presunción de inocencia, lo cual ha dejado secuelas muy graves entre quienes después de dos o tres años de prisión son absueltos.

Explicó, que al principio, solo cinco o seis delitos graves eran merecedores de esa figura jurídica que va a contracorriente del artículo 20 constitucional, pero con el paso del tiempo tales delitos han subido hasta 19, en el marco de una pervertida relación entre ministerios públicos y jueces unidos en la simplificación de su trabajo.

Reconoció la pésima o nula relación entre el Fiscal Salas Chávez y el presidente del Poder Judicial, Rafael Acuña Griego, a quienes sin embargo consideró víctimas de los bajos presupuestos anuales que se les asigna, muy lejos del al menos 4 por ciento del gasto programado anual del Gobierno del Estado.

De una escala de 10, “no pasa de 6”, consideró al calificar la administración, procuración e impartición de justicia en Sonora y dar algunos detalles de las peripecias de los profesionales del derecho al desplegar sus esfuerzos en la representación jurídica de quienes contratan sus servicios, además de las limitaciones de la defensoría de oficio.

Consideró importante resolver esa problemática cuanto antes, frente al riesgo de que al no tener respuestas, las y los ciudadanos se alejen de los tribunales y busquen justicia por propia mano.

Estuvo bueno el platique con el profesional de la abogacía, obviamente con una fuerte carga crítica en contra del fiscal Salas Chávez y una especie de respeto condescendiente para Acuña Griego, aunque evitando comentar con un “no me consta” sobre eventuales decisiones tomadas no desde el STJE ni en la FGJE, sino en alguna oficina del Palacio de Gobierno.

Por otra parte, este miércoles la coalición de Morena, PT y Verde instaló los arrancaderos para correr el proceso de selección de candidatos a las gubernaturas de los 17 estados que renovarán ese cargo en 2027, y en Sonora la galopada iniciará el viernes 26 de este mes de junio.

La reunión fue presidida por la dirigente nacional del partido oficial, Ariadna Montiel, con la asistencia de las dirigencias de partidos rémoras, del PVEM, la senadora Karen Castrejón y del PT, Alberto Anaya; así como consejeros y liderazgos de los partidos, así como Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones en Morena y no, no se menciona al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

En la juntada se acordaron reglas: no habrá pleitos internos entre aspirantes; se respetarán los reglamentos de cada fuerza política, incluido permitir que sus candidatos puedan ser familiares de los gobernantes en turno, sin importar la posición de la presidente Claudia Sheinbaum al respecto.

Los aspirantes a ser coordinadores estatales de la defensa de la transformación podrán inscribirse del 22 al 27 de junio en la Ciudad de México; la sede será el World Trade Center. Las encuestas para elegir a los principales perfiles se realizarán hasta después del Mundial de Futbol.

Entre los requisitos y reglas que deberán cumplir los cientos de aspirantes destacan: realizar tareas organizativas de tiempo completo, separarse del cargo público, evitar campañas dispendiosas, no utilizar espectaculares ni programas sociales para promoción personal.

Además, se exige un compromiso con la unidad; se prohíbe generar conflictos internos, se debe aceptar el método de encuesta como mecanismo definitivo de selección y respetar el resultado, así como comprobar una trayectoria positiva y sin vínculos con procesos judiciales pendientes.

Como de ver dan ganas, también por rumbos de la oposición en Sonora ya se organiza un magno evento de lo que se considera el lanzamiento del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán como aspirante a la gubernatura, el cual será en estos días en el Expoforum, en lo que se considera como el último evento como presidente municipal, previo a la solicitud de licencia para contender por la gubernatura abanderado por eventual alianza entre el PRI, PAN y Partido Sonorense.

No sabemos aún si se sumará el PRD o Movimiento Ciudadano. En el primero de los casos se ve difícil que el perredismo sonorense vaya junto a priistas que han pretendido comprar las siglas de esa organización de izquierda para formar un engendro denominado Maciso y en el caso de MC, persiste la posición de ir solos o ser el partido postulante del guaymense y ya se verá si se suman priistas, panistas y peseistas.

Puede resultar intrincado el proceso interno de selección de partidos de oposición a MORENA, porque si así como el PS o el PAN pudieran ser la base postulante del Toño, los del PRI ya tienen en esa posición a Víctor Hugo Celaya, sin que tengamos idea si ya se trabajan en los mecanismos y procedimientos de quien irá por la gubernatura, todo en función de que se concrete esa alianza, que, en el caso de MC, lo mejor que pudiera ocurrir es que se anime a entrarle Luis Donaldo Colosio Riojas.

Por rumbos de MORENA tiende a generalizarse la percepción respecto a decisiones ya tomadas sin importar el resultado de las fantasmagóricas encuestas y la buenera parece ser la senadora Lorenia Valles Sampedro; esperable un gran berrinche de Célida López y una gran decepción de Javier Lamarque Cano, a quien le pronostican que sólo verá pasar la última oportunidad política de su vida.

Froylán Gámez Gamboa luce como agazapado y listo para lo que se ofrezca, por ejemplo que se indigeste a Lorenia su cercanía con el corrupto René “El Señor de las Ligas” Bejarano y/o deje de tener efectos en las masas lo siempre bien peinada y maquillada y ahí él estaría como oferta con muy buena competitividad, que en el caso de María Dolores del Río o Heriberto Aguilar más bien pudieran aspirar a otras cosas; ella a una diputación federal o ser enlistada para una diputación pluri, y el, para la presidencia municipal de Guaymas, aunque en el puerto es generalizada la opinión que apenas le alcanzaría para una regiduría.