Represión extrema

SERÁ EL SERENO, pero en los tres últimos meses fueron sancionados judicial o electoralmente 18 periodistas y ciudadanos por críticas al poder o revelar casos de corrupción. La tendencia nos indica que será casi medio centenar antes de que finalice el año.

Gobernadores, senadores y magistradas están entre los denunciantes. Las sanciones van desde multas millonarias y prisión, hasta censura editorial y humillaciones públicas. La mayoría de los castigos se originaron en publicaciones incómodas para los actores políticos denunciantes.

A ello hay que sumar como peligroso que en lo que va de Sheinbaum han asesinado a nueve periodistas, con Amlo y Peña Nieto fueron 47 con cada uno; 48 con Calderón y 22 con Fox según Article 19.

El sexenio de Calderón sigue siendo el más letal, pero la 4T, bajo López Obrador y Sheinbaum, ha perpetuado un entorno de alto riesgo, agravado por una retórica hostil y el uso de sanciones judiciales para silenciar a la prensa. Por eso no es de extrañar que con Amlo se hayan documentado tres mil 227 agresiones contra periodistas, que contrasta con las dos mil 347 de EPN; mil 132 con Calderón y 244 con Fox.

Desde el sexenio de Fox hasta julio de 2025, se han registrado al menos 173 asesinatos de periodistas en México y 650 casos judicializados aproximadamente. Los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son Veracruz (31 asesinatos), Guerrero (14), Tamaulipas (14) y Oaxaca (14).

En un comparativo crítico tenemos que durante el sexenio de Fox se conoce de diez casos de acoso judicial contra periodistas y si, la relación con la prensa fue tensa, pero sin persecución directa. La violencia fue más ligada al crimen organizado que al Estado que limitó a medios como La Jornada y Proceso que no recibieron las prebendas publicitarias respectivas. La calificación otorgada es de baja represión legal y moderada tolerancia.

Con Calderón se presentaron una treintena de casos en lo que se considera un acoso judicial limitado, sin una estrategia estatal de represión, pero con violencia física predominante enmarcada en su guerra contra el narco. Organizaciones periodísticas calificaron su sexenio con represión moderada, con mal funcionamiento de las medidas de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos cuyo programa nació en este sexenio.

En el caso de Peña Nieto se calculan entre cerca de 400 casos, fue el sexenio en el cual creció y mucho el acoso judicial sobre todo en los Estados y por parte de funcionarios locales, más que federales. Mantuvo un control blando de los medios informativos mediante publicidad y espionaje y se le calificó con una alta represión, pero de manera indirecta, más bien fue de manipulación estratégica.

En el sexenio de la 4T se sistematizó el acoso judicial con respaldo presidencial. Se contabilizaron entre centenar y medio de casos y se calificó al sexenio con una represión alta y directa. Con Sheinbaum y su segundo piso la escalada ha sido alarmante en sus siete meses como mandataria y obtuvo una calificación de represión extrema, arrastrando un entorno de intimidación y hostilidad abierta sin precedentes.

En los sexenios mencionados el 90 por ciento de los casos no se resolvieron. La impunidad ha sido aplastante y lo que más se critica hoy tanto a Amlo como a Sheinbaum es que en sus gobiernos no se han presentado ningún tipo de mejora al programa de protección, (tal vez porque lo desarrolló Calderón) y también se les juzga por normalizar la violencia a través del discurso oficial.

Con Sheinbaum, los sancionados incluyen a periodistas de medios como El Universal, Código Magenta, Aristegui Noticias, La Silla Rota, Al Calor Político, Tribuna de Campeche, UDGTV Canal 44, Acapulco Trends y El Ojo de Acapulco, así como ciudadanos que usaron redes sociales para expresar críticas.

Los políticos denunciantes incluyen a Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Gerardo Fernández Noroña, senador del PT; Tania Contreras López, magistrada electa de Tamaulipas; Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte; Diana Karina Barrera Samaniego, diputada federal del PT; Mara Yamileth Chama Villa, excandidata del PVEM; y Abelina López Hernández, alcaldesa de Acapulco.

Aunque en Sonora ya conocemos el humillante caso de la ciudadana Karla María Estrella Murrieta y sus disculpas a “Dato Protegido” en X, pero su caso es pajita ante lo ocurrido en Campeche en un suceso que no tiene parangón toda vez que la gobernadora Layda Sansores presentó una demanda en su calidad de ciudadana, pero utilizó a abogados de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para llevar su caso.

Demandó al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años y exdirector del medio digital Tribuna de Michoacán quien fue detenido, esposado, golpeado y procesado, el pasado junio. La jueza lo encontró culpable de haber ordenado la publicación de las supuestas ofensas contra la gobernadora (publicó corruptelas en las que incluyó a parte de su gabinete), por lo que lo vinculó a proceso por los delitos de incitación al odio y a la violencia y además le prohibió ejercer el periodismo, actividad a la que se ha dedicado desde hace más de 50 años.

Pese a los argumentos de la defensa, la jueza también ordenó el cierre del periódico Tribuna, cuya versión impresa dejó de circular desde febrero del año pasado y solo operaba a través de su página digital misma que ordenó se cerrara, pero al no lograr el objetivo determinó la intervención judicial de la plataforma, esto es, que un representante del Tribunal Supremo de Justicia conozca la información antes de publicarse, así como el contenido de las notas y comentarios. El interventor debe autorizar lo que se debe difundir respecto a la mandataria.

Ah y debe pagar el periodista una indemnización de dos millones de pesos a uno de los personajes que acusó de corrupto. ¿Ya se capta porqué la calificación de represión extrema contra la prensa en este sexenio?

Por cierto, le recomiendo el excelente reportaje escrito en Emequis que pormenoriza los 18 casos judicializados en la era Sheinbaum. Vale la pena leerlo. https://n9.cl/gzl3l

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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