Extradición de Bermúdez, ¿dilema de EU?

Estados Unidos y Paraguay firmaron en 2001 un tratado de extradición aplicable al caso de Hernán Bermúdez, incluso si México solicitó primero su entrega. En estos casos, no siempre prevalece el primero en llegar. Paraguay evalúa solicitudes en 60 días, priorizando delitos graves como el terrorismo, área en la que ya ha cooperado con EU. La designación del CJNG como organización terrorista fortalece la posibilidad de que solicite a Bermúdez vía Interpol y formalmente ante la justicia paraguaya, especialmente tras su rechazo a una extradición simplificada a México, alargando el proceso.

La confusión inicial tras la captura de Bermúdez generó especulaciones: un comunicado en X del gabinete de seguridad mexicano afirmó que fue trasladado a México y puesto a disposición de la Fiscalía de Tabasco, pero fue retirado. Bermúdez permanece en Paraguay, bajo custodia de la SENAD, mientras los tribunales deciden su extradición. Él alega persecución política y violación de derechos humanos, argumentos que podrían debilitarse ante cargos de terrorismo en EU, pero que complican el proceso en Paraguay.

Si Bermúdez es extraditado a EE.UU., enfrentaría cargos por apoyo material al CJNG, narcotráfico y lavado de dinero, con posibles penas de cadena perpetua. Sus declaraciones podrían exponer nexos entre el crimen organizado y figuras de Morena, como Adán Augusto López, dañando su aspiración presidencial para 2030. Paraguay ganaría prestigio como aliado contra el narcoterrorismo, pero arriesgaría represalias del CJNG, como ataques a funcionarios o redes locales, incrementando la inseguridad en su territorio.

Para Claudia Sheinbaum, la extradición a EU sería más ventajosa. Alejaría el juicio de México reduciendo el escrutinio mediático sobre su gobierno y evitando que revelaciones comprometan a Morena. En sus conferencias matutinas, Sheinbaum ha enfatizado "cero impunidad" y un proceso en EU reforzaría esta narrativa sin el desgaste de un juicio local. Además, México accedería a inteligencia sobre el CJNG sin costos políticos, fortaleciendo su estrategia de seguridad y su imagen ante la oposición.

La extradición a EU también consolidaría la cooperación bilateral, proyectando a Sheinbaum como una presidenta pragmática que prioriza resultados transnacionales. Esto elevaría su aprobación en encuestas sobre seguridad y relaciones exteriores, mientras una “purga” natural en Morena debilitaría a rivales como Adán Augusto, fortaleciendo a aliados como Marcelo Ebrard. La oposición tendría menos margen para acusarla de “narcopolítica”, preservando su capital político para reformas clave y evitando debates en el Congreso sobre corrupción e impunidad sobre este caso.

Indirectamente elevaría su perfil como reformadora en seguridad, atrayendo apoyo de sectores empresariales y sociedad civil que exigen resultados. Es cierto, Sheinbaum tendría menos control, pero el impacto político sería menos directo. Además, hasta su jefe político se vería beneficiado al no tener una conexión directa con Bermúdez, a quien ni conoce, pues aun y cuando apoyó a Adán Augusto no hay pruebas palpables que lo vinculen directamente con La Barredora o el CJNG. Las filtraciones de Guacamaya (2021) y reportes de inteligencia solo señalan a Bermúdez y funcionarios estatales.

Sin embargo, omisiones en la supervisión de gobiernos estatales de Morena podrían implicarlo políticamente, pero esa acusación no da margen para una campaña directa en contra. Las autoridades estadounidenses priorizarían desmantelar el CJNG, no perseguirlo sin pruebas sólidas. En caso dado, el daño sería más mediático que jurídico y Amlo no tendría demerito legal alguno, dado su retiro de la presidencia y la ausencia de cargos formales en su contra.

En cambio, si Bermúdez es extraditado a México, el juicio sería una “papa caliente” para Sheinbaum. La oposición acusaría a Morena de encubrir corrupción, cuestionando la credibilidad de la 4T y no es para menos.

El sistema penitenciario mexicano tiene un historial de corrupción, filtraciones y arreglos con el crimen organizado como se vio en casos como el de Joaquín "El Chapo" Guzmán, de tal forma que Bermúdez, con conexiones en Tabasco y el CJNG, podría negociar con autoridades locales o federales para suavizar sus declaraciones a cambio de beneficios, como traslados a prisiones menos estrictas.

Esta vulnerabilidad institucional aumenta la probabilidad de manipulación en comparación con el sistema penitenciario estadounidense, más vigilado e independiente y dañaría la transparencia que la presidenta tanto promueve… y los políticos de EU saben que el gobierno de Sheinbaum pudiera presionar para alinear las investigaciones –caso general Cienfuegos, JC Chávez Jr., Emilio Lozoya--, para que las declaraciones de Bermúdez no apliquen a personajes de Morena, incluyendo al doble AA.

A su vez, y en un contexto de complicidades con el crimen organizado, se pudiera presionar a Sheinbaum para impulsar auditorías y depuraciones en las policías estatales, enfrentando resistencias locales de Morena. Se le cuestionaría sobre la efectividad de la militarización de la seguridad si la violencia en el sureste aumenta tras el juicio de Bermúdez razón por la cual enfrentaría el dilema de respaldar investigaciones que fracturen a Morena o moderarlas, arriesgando acusaciones de encubrimiento que dañen su liderazgo. La exigencia sobre transparencia del juicio pudiera afectar su imagen de lideresa implacable contra la corrupción, lo que podría generar fricciones con Washington.

En México, un juicio contra Bermúdez pondría a Amlo bajo escrutinio por su legado en seguridad. La oposición aprovecharía para vincularlo a la corrupción en Tabasco, aunque sin pruebas directas. Sheinbaum, para proteger la 4T, probablemente limitaría el alcance de las investigaciones, evitando implicarlo. Sin embargo, la presión mediática y de ONGs como cuchillito de palo, podrían amplificar las omisiones de su sexenio, afectando su imagen política de forma moderada como líder moral de Morena, pero no su estatus legal.

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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